La Comisión de Comercio Exterior (Cocex) podría convertirse en un organismo público descentralizado y autónomo que se encargaría de definir la política arancelaria para las importaciones y exportaciones, para ser así la balanza a las decisiones del Ejecutivo, plantea una iniciativa de reforma presentada por senadores priistas.

En la iniciativa de reformas a la Ley de Comercio Exterior (LCE) presentada el jueves ante el pleno de la Cámara alta, el grupo parlamentario del PRI advierte con que con frecuencia se encuentran regulaciones en comercio exterior que se contrapuntean y pretenden regular una misma situación jurídica.

La falta de una política clara de comercio exterior, de un mecanismo eficaz de coordinación entre las diversas autoridades competentes que intervienen en su regulación, así como de un dispositivo obligatorio de consulta entre ellas y el sector privado, ha contribuido al caos regulatorio que existe en la materia.

Tras criticar al Ejecutivo de bajar los aranceles unilateralmente en perjuicio de la industria nacional, senadores priistas proponen dar al Cocex personalidad jurídica, patrimonial, autonomía técnica, funcional y de gestión.

Asimismo, facultades de modificar la tarifa de importación y exportación, establecer regulaciones no arancelarias, y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio, entre otras cuestiones.

Sólo así habría mayor independencia y se tomarían decisiones que beneficien al país, pues de lo contrario se está dañando al sector productivo, como ha sucedido en diversas ocasiones.

Los senadores -entre ellos Manlio Fabio y Francisco Labastida- explicaron que ello acotaría las decisiones del Ejecutivo, como las que ha llevado a cabo de reducir unilateralmente los aranceles desde 2009 y hasta 2013, de manera que el arancel promedio de 2008 bajará de 10.4 a 4.2 por ciento en los próximos cuatro años.

Aseguraron que esa medida, que pretende permitir la entrada al mercado mexicano de insumos a bajo costo, propició descontento en el sector privado porque "la reducción o eliminación de los aranceles genera la necesidad de contar con mecanismos legítimos y oportunos para combatir las prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardar industrias mexicanas que enfrentan un daño grave", una situación que no sea.

Falta análisis

La Cocex se encuentra bajo una estructura administrativa que hace que no sea una entidad autónoma y "aparenta ser una figura decorativa".

Actualmente se conforma por los representantes de diversas dependencias como las secretarías de Economía, de Hacienda, de Agricultura, de Salud y de Relaciones Exteriores, la Comisión Federal de Competencia y el Banco de México, pero sus titulares casi no participan, pues sólo mandan a sus representados.

La ausencia de un análisis exhaustivo en la política arancelaria y el número de tratados de libre comercio firmados por México ha generado algunos efectos indeseables en la composición de la estructura arancelaria, con diversos calendarios de desgravación y reglas de origen distintas, establece el documento.

Ante esa situación, advierte, hoy México mantiene una estructura arancelaria heterogénea y compleja.

La excesiva regulación del comercio exterior incentiva el contrabando, la corrupción, la protección discrecional y la transferencia de beneficios a intermediarios privados que intervienen en la actividad del comercio exterior.

La firma Vázquez Tercero y Asociados asesoró al grupo parlamentario del PRI en la elaboración de la iniciativa para el cambio a la LCE.

En la exposición de motivos de esta iniciativa se recuerda que en 1993, con la expedición de la LCE en su artículo sexto se crea la Cocex, órgano intersecretarial de consulta obligatoria de las dependencias que intervienen en las decisiones del comercio exterior de México y que está obligado a emitir opinión en los asuntos que la ley le encomienda, tales como la modificación a los aranceles como el establecimiento de medidas de regulación y restricción no arancelarias.

La nueva Cocex sería la depositaria de las facultades que el Congreso de la Unión delega al Ejecutivo federal por virtud del artículo 131 de la Constitución